Por Juan Jorge Faundes, abogado constitucionalista y académico Facultad de Derecho, Universidad Autónoma
Hace unos días, el Presidente Gabriel Boric habló sobre las negociaciones para el retiro parcial de empresas forestales de territorio mapuche. Como bien dijo el Mandatario en la misma entrevista, sería de “arrogancia supina” avizorar una solución cortoplacista a la situación de conflicto. Pero ello no impide plantear elementos centrales que debieran estar en toda agenda seria y bien pensada que, por su propia envergadura, no son posibles sin un “acuerdo país”: (1) una transformación plurinacional del Estado que alcanza sus bases constitucionales; (2) una nueva institucionalidad ambiental, de la relación misma con la naturaleza y la protección de las tierras y territorios indígenas frente a proyectos de inversión, que evite una nueva ruta de los conflictos; (3) un reconocimiento país de la pérdida territorial de los pueblos originarios y la del pueblo mapuche, en particular, y un plan de restitución serio y efectivo (claves que se están debatiendo intensamente en la Convención Constitucional).
En relación con estas bases, existe un elemento común e imprescindible que se relevó en la voz de nuestra máxima autoridad, la que denominó “la reconversión de la industria forestal”. Para lograrla se necesitará, entre otros puntos, un acuerdo político para una reconversión que alcance entre 30% a 70% de las plantaciones de pino y eucaliptus (500 mil a un millón de hectáreas aprox.) que cambian su destino para la recuperación ambiental, reforestación nativa, habitabilidad y uso agrícola de comunidades mapuche. Será elemental también la derogación del DL 701 para evitar el “círculo vicioso” e incluir reparaciones justas para la industria que se retira, grandes forestales y pequeños productores asociados, donde no se descarte la expropiación. Junto con ello, se deberá rediseñar un plan de restitución de tierras que deje atrás el desastroso sistema actual del mercado de compra y venta de tierras, con sus conocidos y perniciosos efectos. Se lograría un nuevo y amplio espacio territorial “disponible” que hace serio y viable el plan de restitución.
Las ventajas serían establecer un camino real y serio, parte de una solución mayor con el pueblo mapuche; un cambio radical en la recuperación ambiental de estos territorios, de mediano y largo plazo, su hábitat y aguas, en un contexto de crisis climática más que conocido; y la potencial repoblación sustentable de estas tierras.
Pero también hay problemas. Hablamos de la segunda industria nacional en aporte al PIB (con costos ambientales y humanos “impagos”, sostenida en subsidios estatales durante buena parte de su historia). Luego, la “reconversión” debe contemplar los incentivos correctos, equivalentes al volumen del cambio y en todas las áreas de impacto (el empleo forestal principalmente y las pymes subcontratistas) y la necesidad de incentivar los nuevos usos sustentables: nuevos paradigmas en materia de riego, reforestación nativa, nuevos rubros agrícolas sustentables en contextos de desertificación, todo con pertinencia cultural e implementación participativa indígena.
En fin, se trata de un “proyecto país” en que advertir un camino correcto es imprescindible y comprender lo colosal de la tarea es fundamental.
Publicado en La Tercera el 22 de marzo de 2022